A partir de mayo de 2017, el presidente la República, Salvador Sánchez Cerén, avaló una política pública para el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador, documento elaborado por diversas organizaciones indígenas e instituciones del Estado.

A la par de los conocimientos de los involucrados se tomaron en cuenta: El documento final del Primer Congreso Nacional Indígena, 2010; “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central”, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011 (retomado en lo concerniente a El Salvador); “Informe situacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador”, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2012.

Asimismo, se consultaron: El informe del relator especial para Pueblos Indígenas de la ONU, Dr. James Anaya, “La situación de los pueblos indígenas en El Salvador”, 2013, y la “Agenda de desarrollo post 2015”,  elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, en lo concerniente a pueblos y comunidades originarias, 2013, entre otros.

Para conocer más sobre esta política se estructuró un rol de preguntas que fueron respondidas por quienes integran el Departamento de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Departamento que  desde su instauración en el año 2009, priorizó a las comunidades ancestrales.

Entre los referentes de esta institución se encuentran: Rita Jaimes de Araujo, jefa del departamento antes citado; Gustavo Pineda, Karla Irigoyen y diferentes técnicos que lo integran.

Según Pineda: “Estamos ante uno de los desafíos históricos más fuertes frente a la realidad de los pueblos indígenas y de la autodefinición de la identidad de El Salvador: El de enfocar el trabajo estatal desde una perspectiva incluyente hacia y con los pueblos indígenas del país. Por tanto, el tema de pueblos indígenas debe tomarse en cuenta como un eje transversal y esto implica también el incorporar la opinión de estos pueblos. Lo anterior se traduce en un proceso de participación directa de los pueblos indígenas desde la planificación hasta la implementación de los programas y políticas que se definan”.

A continuación, presentamos las premisas que dieron origen a la creación de la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador.

 

¿En qué consiste la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador?

Es un instrumento de planificación gubernamental  para promover los derechos de los pueblos indígenas, que fue retomando los planteamientos del Primer Congreso Nacional Indígena y a partir de la iniciativa de las organizaciones indígenas concurrentes en la Mesa Multisectorial.

 ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Realizar una gestión pública estatal hacia y con los pueblos indígenas, basada en sus derechos y cosmovisión a través de la acción social transformadora.

¿Cuáles son las estrategias que se han planteado para alcanzar el objetivo de la política?

Para esto se han definido cinco estrategias: 1) Desarrollo Social, 2) Desarrollo Económico 3) Desarrollo Cultural, 4) Sostenibilidad Medioambiental y 5) Gestión Estatal. Las primeras dos estrategias están orientadas a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la visión de los mismos.

La estrategia de Desarrollo Cultural toma en cuenta que la identidad de los pueblos indígenas constituye el acervo cultural nacional y que, con ese carácter esencial, debe promoverse.

La estrategia Medioambiental apunta a la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y también a las medidas afirmativas frente al cambio climático, siempre considerando la visión de los pueblos indígenas.

Finalmente, la estrategia de Gestión Estatal promueve la representación y visibilización de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos, y la defensa y desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer indígena. Para realizar esta acción es trascendental el derecho a la consulta previa, libre e informada y, por tanto, este derecho deberá ser un tema transversal en la dinámica de esta política.

¿Cuáles son los beneficios directos que lograrán las comunidades indígenas con esta política?

Se trata de iniciar un proceso sistematizado y coordinado con estas comunidades para cambiar la realidad en que viven y que el Estado pueda finalmente incluirles en los estándares dignos de cumplimiento y desarrollo de los pueblos indígenas, tal como debe ser.

 ¿Con esta política el Estado estará cumpliendo con la deuda histórica hacia los pueblos originarios?

Esta política debe quedar como un parámetro de acá en adelante, para poder orientar el deber estatal de desarrollar los derechos de los pueblos indígenas.

¿Considera la Política Pública de Pueblos Indígenas la creación de un censo nacional para saber de cuánta población se trata o ya existe el dato?

Esto es parte de la política, ya que es una información básica con que se debe contar. En realidad el Censo Poblacional de 2007 fue muy cuestionado por la ONU  y por las organizaciones indígenas en lo concerniente a pueblos indígenas.

 ¿Cuál es el rol que jugó el Departamento de Pueblos Indígenas de Secultura en la elaboración del documento?

 El Departamento acompañó y favoreció el esfuerzo desde su inicio, en 2013, hasta la fecha, es decir, ha sido el gestor para el avance del documento haciendo su mejor esfuerzo para que sea participativo, tanto de parte de las instancias estatales como de las comunidades indígenas.

¿Considera usted que se han hecho avances para garantizar los derechos de los pueblos originarios?

Hay varios avances. El primero ha sido la reforma constitucional del Art. 63 en su inciso segundo y luego la aprobación de la Ley de Cultura, la Ley de Desarrollo, Fomento y  Protección de la actividad Artesanal, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También, hay seis ordenanzas de derechos indígenas en los municipios de Nahuizalco, Izalco, Panchimalco, Cuisnahuat y Santo Domingo de Guzmán.

 ¿Cuándo se dará a conocer la política?

En noviembre, según lo determine el Ejecutivo.