Un grupo de organizaciones sociales, entre ellas asociaciones indígenas, se pronunciaron este día en contra del decreto de interpretación auténtica  del Art. 8, inciso segundo de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES), emitido recientemente por la Asamblea Legislativa, por lo cual pidieron al mandatario salvadoreño vetar la iniciativa que consideran atentatoria  contra el patrimonio cultural y ambiental.

La LEPCCES mandata a las entidades responsables de planes de desarrollo urbano y rural, obras públicas y construcciones o restauraciones privadas relacionadas con un bien cultural inmueble, a que soliciten autorización previa al Ministerio de Cultura, pero la «interpretación» hecha limita la solicitud de  autorización únicamente a cuando estén “vinculadas directamente con un bien cultural así declarado”.

La modificación de la ley ocurre tras la recomendación de una comisión especial creada en el seno de los legisladores, para examinar el caso de la destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco, en Sonsonate, por la empresa constructora Fénix, que arrancó un proyecto urbanístico sin contar con la aprobación de los Ministerios de Cultura y Medio Ambiente, y que tras varios paros de obra continuó la construcción provocando daños irreparables al lugar que data de la época prehispánica y a la vez se relaciona con un hecho histórico ocurrido durante la llegada de los españoles a dicho territorio.

Sobre el tema, la semana pasada se pronunciaron también representantes de varias comunidades indígenas, del sector académico y gestores culturales, quienes hicieron llegar una misiva al presidente Sánchez Cerén con la solicitud de veto, sobre la base del conflicto que la modificación crea con el principio de resguardo patrimonial que engloba la Ley Especial de Patrimonio, y la Constitución misma de la República.

La solicitud del veto presidencial de esta mañana fue apoyada por el Movimiento Tacushcalco, la Mesa por la Sustentabilidad de los territorios de Sonsonate, Comunidadades de Nahulingo, el Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, la Unidad Ecológica Salvadoreña y la Mesa Nacional Frente a la Minería.

Héctor Berríos, de la Mesa Frente a la Minería, manifestó que el desarrollo territorial es importante, pero que debe lograrse bajo “el respeto irrestricto de los derechos humanos”, al explicar que la modificación del Art. 8 vulnera el derecho de los pueblos originarios, particularmente lo relacionado al patrimonio tangible e intangible (Art. 11 de la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas).

“Nos preocupa el daño. Quieren borrar nuestra historia”, expresó el líder Mateo Latin, alcalde del Común de Izalco, y dijo que de no frenar la modificación se pone en peligro la herencia de nuestros ancestros. Además advirtió: “Estamos despertando. Hoy más que nunca va haber resistencia”, en referencia a la intención de abocarse ante instancias internacionales para proteger el patrimonio del país.

En esa misma línea se expresaron el representante de las Comunidades de Nahuizalco, Román Cuéllar, y el de Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, Marlon Enamorado, quienes se refirieron a las implicaciones de la modificación de la ley no solo en el caso de Tacuscalco (que implica además un daño a nivel medioambiental), sino en el país, en donde se registran más de 600 sitios arqueológicos que no cuentan con una declaratoria de bien cultural.

De igual manera, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado institucional en el que se pronunció contra la modificación y destacó el hecho de que en el país “existe un número indeterminado de sitios con valor patrimonial cuya existencia desconocemos, mientras no se investiguen vastas zonas del territorio nacional aún vírgenes científicamente, pero cuyo reconocimiento podría ocurrir tanto por medios académicos como a través de trámites en los cuales se basa el articulado que conmina a los usuarios en general a solicitar la autorización”.