ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) conmemoraron el vigésimo aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos el pasado miércoles 28 de noviembre, en el auditorio Pedro Geoffroy Rivas del museo.

La actividad incluyó el desarrollo de un foro internacional sobre la incorporación a las legislaciones nacionales de países en América Latina, en donde participaron altos funcionarios públicos de Colombia, El Salvador y Honduras.

El evento fue presidido por el director del MUNA, José Heriberto Erquicia, y la jefa de la Oficina Nacional del ACNUR en el país, Elisa Carlaccini.

“Desde el Ministerio de Cultura, a través del MUNA, nos sumamos a esta y otras iniciativas con el objetivo esencial de sensibilizar y generar conciencia, en el afán de encontrar medidas solidarias para paliar la ya difícil situación humanitaria que viven millones de mujeres, hombres e infantes en el mundo entero”, expuso Erquicia.

Asimismo, el también historiador e investigador explicó que como museo nacional de antropología, la temática de las graves violaciones a los derechos humanos, ya sea desde las desapariciones hasta los desplazamientos forzados, son motivo de interés para “exponer, informar y, con ello, sensibilizar y educar al público visitante sobre los diversos conflictos que desbordan en las crisis humanitarias a nivel local, regional y mundial”.

El panel estuvo integrado por Luis Obando, oficial legal de la Unidad Legal Regional del ACNUR; Issis Sauceda, coordinadora de la Dirección de Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia de Honduras; Norma Salamanca, profesional especializada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia; Damián Alegría, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de El Salvador; Raúl López, Viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, y Beatriz Campos, procuradora adjunta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del país.

Los especialistas conversaron sobre la incorporación de los Principios Rectores a las leyes nacionales, la experiencia de cada país en la protección y repuesta a las víctimas de desplazamiento interno, así como sobre la prevención y solución de esta problemática en los países afectados.

El desplazamiento forzado no es un tema ajeno para El Salvador y la región. Así lo constató Carlaccini al agregar que “gracias a procesos de caracterización apoyados por el ACNUR, se estima que casi 250 000 personas han sido desplazadas internamente en Centroamérica, el 29%  están en El Salvador”.

Para julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la Sentencia 411-2017, la cual ordena al Estado salvadoreño reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno y diseñar e implementar políticas públicas y protocolos de actuación orientados a prevenir el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador publicó este año un informe denominado “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador”, en el cual se dimensiona el desplazamiento forzado interno por violencia en el país.

Desde su publicación en 1998, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se han convertido en el estándar internacional para la protección de las personas desplazadas internamente, tras lo que un número significativo de países los han utilizado para guiar la creación de leyes, políticas y estrategias nacionales sobre el desplazamiento interno.

A pesar del avance alcanzado en los últimos veinte años, los desafíos para la implementación de los Principios Rectores persisten en muchas partes del mundo. Entre ellos, se encuentra la necesidad de aumentar la participación de las personas desplazadas internamente en las decisiones que las afectan y la necesidad de garantizar que los esfuerzos colectivos aborden las causas subyacentes del desplazamiento interno.

Iniciativas como el foro internacional liderado por ACNUR y el MUNA buscan generar un diálogo que sensibilice sobre la importancia de tomar acciones más contundentes para proteger a las personas desplazadas y promover sus derechos.